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Un protocolo que no resuelve nada

El rector del Nacional de Buenos Aires pidió “una solución escolar” para las tomas

El año pasado hubo más de treinta colegios tomados contra la reforma del secundario.            El año pasado hubo más de treinta colegios tomados contra la reforma del secundario.                   Imagen: Pablo Piovano

El docente consideró que la nueva normativa del Ministerio de Educación porteño “no resuelve” el problema de las ocupaciones de las escuelas y que la herramienta para combatirlas “debe ser más escolar que judicial”, como las sanciones disciplinarias.

El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, consideró ayer que el protocolo elaborado por el gobierno porteño para prevenir la toma de escuelas públicas “no resuelve” el problema de las ocupaciones y que la herramienta para combatirlas “debe ser más escolar que judicial”, como es el caso de las sanciones disciplinarias.

Para Zorzoli, el protocolo es una acción más judicial que escolar que “no resuelve la situación”. El educador aclaró, no obstante, que al tratarse de una resolución de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sólo afecta “a las escuelas secundarias que están bajo su órbita y no a los colegios que dependen de universidades nacionales”, como es el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, el Monserrat (depende de la Universidad Nacional de Córdoba), el Carlos Pellegrini y el de Bellas Artes Manuel Belgrano. “Esto no quiere decir que las propias universidades no saquen (más adelante) una norma propia”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

El nuevo protocolo establece que, en caso de una toma, la dirección deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar a los padres para que retiren a sus hijos del establecimiento. Las autoridades del colegio también deberán labrar un acta en la que dejen constancia de los hechos y del estado del patrimonio escolar, con fotos, de ser posible, certificadas por escribano o con la presencia de dos testigos.

Por último, los padres que permitan a sus hijos participar de la toma deberán suscribir un acta reconociendo “que, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá sobre el adulto”.

“Nosotros en los últimos tres o cuatro años habíamos tenido pocas experiencias con tomas, salvo la del año pasado, que duró muchos días y no produjo problemas edilicios, pero tuvo un episodio muy lamentable”, explicó Zorzoli haciendo referencia a la denuncia de una alumna de 14 años por abuso sexual durante esa ocupación.

Para Zorzoli, la toma de un edificio público es un delito aunque sea realizada por parte de menores, y ése “es un tema que debería resolverse en el ámbito judicial y en ese aspecto los docentes poco podemos hacer”, dijo.

“Y el otro aspecto es el institucional, que es el que nos compete, y ahí sí creo que los ministerios y las universidades deberían dar a los directores de las escuelas mayor poder de acción para poder resolver este tipo de situaciones que no están catalogadas en los reglamentos escolares y de convivencia”, agregó.

En ese sentido, el educador reflexionó que no es lo mismo implementar el nuevo protocolo “en una escuela de 200 alumnos que en un establecimiento universitario de 2500”, y que “no resuelve la cuestión de fondo porque plantea una serie de acciones que se podrán o no llevar adelante”. Agregó también que “habitualmente uno ya intenta disuadir a las familias para que los chicos no corran riesgos” permaneciendo en una toma, y que el protocolo no resuelve nada ya que, al tratarse de menores, “claramente la responsabilidad de los padres no está en tela de juicio”. Coincidió con la nueva normativa que intenta implementar el Ministerio de Educación porteño en que “es necesario que el director de la escuela avise a los padres que su hijo no va a dormir en casa” y remarcó que “es una responsabilidad que como padre no se puede delegar”. “Hablamos de chicos menores de edad, la responsabilidad de los padres no está en tela de juicio. Por eso decimos que debería ser una cuestión institucional más que un tema judicial. Los docentes no estamos preparados para abordar una situación así, necesitamos una herramienta escolar, no judicial, porque hacer actas, llamar a escribanos, son cosas que escapan a nuestra actividad docente”, insistió.

“Un recurso importante para los directores debería ser que haya algún tipo de facultad para sancionar a los estudiantes que cometen este tipo de indisciplina, porque no permitir el dictado de clases claramente rompe la convivencia escolar. Y si habitualmente uno pone alguna sanción por cosas muy menores, esto, que es de un grado extremo, debería estar pautado para ser sancionado con la severidad que merece”, aseguró.

“Hay posiciones disímiles en las familias, quienes apoyan las tomas y quienes están totalmente en contra. Yo creo que es un recurso importante que haya algún tipo de facultad para sancionar a los estudiantes que cometen este tipo de indisciplina en la institución y rompen con la convivencia escolar”, reflexionó.

Tomado de Página 12 

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