Arthur González
El 25 de febrero de 1901 el senador por Connecticut, Orville H. Platt, presentó ante el Senado de Estados Unidos, una enmienda al proyecto de Ley H.R. 14017 sobre Cuba, para conceder créditos con el fin de mantener el ejército durante el año fiscal que culminaba el 30 de junio de 1902.De acuerdo con los documentos que constan en el Congressional Record, en la sesión del siguiente día, se percatan que dicha enmienda tenía una significativa trascendencia y a petición del senador por Alabama, Morgan, dada la preocupación que la misma le causó por la influencia desventajosa sobre los ánimos del pueblo cubano y quizás en el de Estados Unidos, se le da lectura a la propuesta por decisión del presidente del Senado.
El 27 de febrero se aprueba la enmienda a la Ley estadounidense sin modificaciones y se pasa a la Cámara de Representantes, donde también es aprobada durante la sesión del 1ro de Marzo, sancionándola de inmediato el presidente de Estados Unidos, William Mckinley.
De acuerdo con los datos históricos, el 2 de marzo de 1901 el gobernador militar norteamericano en Cuba, general Leonard Wood, le informa al doctor Domingo Méndez Capote, presidente de la Convención Constituyente cubana, la aprobación por el presidente de su país de la referida enmienda.
Es así que el 12 de junio de ese año, después de largos debates en sesión secreta, la Constituyente acuerda incorporarla como un Apéndice a la Constitución de la naciente República de Cuba, que ya había sido votada el 21 de febrero de 1901.
En ese acto se incorporan las estipulaciones del Apéndice Constitucional en un Tratado Permanente entre Cuba y Estados Unidos.
Lo logrado por Estados Unidos no solo le permitió adueñarse de parte del territorio cubano, que aún hoy siguen ocupando en contra de la voluntad del pueblo, sino que legitimó las intervenciones del ejército norteamericano cada vez que ellos lo consideraran conveniente, bajo el pretexto de conservar la independencia de Cuba.
Como nuevos colonizadores, en el artículo IV el citado Apéndice establece que:
“Todos los actos realizados por Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos”.
Otra de las vergüenzas de ese Apéndice fue el numeral VI, al señalar:
“La Isla de Pinos será omitida de los limites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma”.
Es por eso que el gobierno cubano en las actuales conversaciones para el restablecimiento y normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, le exige al gobierno de Estados Unidos el estricto cumplimiento de la Convención de Viena de 1961, puesta en vigor el 24 de abril de 1964, algo que los diplomáticos de la actual Sección de Intereses incumplen, pues en su artículo 41 se plantea:
“Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de los mismos, deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
“Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como está enumeradas en la presente Convención y en otras normas del derecho internacional….”
Para reafirmar las violaciones de esa Convención internacional, la sub secretaria de Estado, Roberta Jacobson, declaró que continuarían dándole apoyo a la contrarrevolución interna en Cuba, creada, financiada, y entrenada dentro de los locales de su misión diplomática en La Habana.
Ese el estilo de quienes se declaran campeones de todos los derechos del mundo.
Por eso 113 años después de ese oprobioso Apéndice impuesto por Estados Unidos, los cubanos tienen muy presente las palabras de José Martí, cuando aseguró:
“La libertad cuesta muy cara, y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio.”
Cuba hace muchos años tomó la decisión de nunca jamás volver a ser colonia de los yanquis.
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